El "caso Maricarmen" -el desahucio en Madrid de una mujer mayor de un piso alquilado desde 1956- ha sido la gota que ha colmado el vaso de un problema social como el de la vivienda que, no solo en lo referente a los desahucios, interpela a la mayor parte de nuestra sociedad debido a sus graves repercusiones económicas y su enorme impacto vital, con una especial incidencia en las personas jóvenes y en las de renta media y baja.
Hablamos de un problema estructural global de la mayoría de ciudades y que en España se ha acrecentado ante un mercado poco regularizado, una oferta inferior a la demanda, una insuficiente vienda y alquiler social, y en donde buena parte de las competencias urbanísticas recaen en unas administraciones que no han estado a la altura de las circunstancias. Los intentos que desde el gobierno central y algunas de esas administraciones en manos progresistas se han ido dando para paliar el problema, no son suficientes. Y además se han topado con una derecha inflexible que se alinea con los intereses de propietarios, promotores y especuladores sin pestañear.
Asi las cosas, la derrota de los dos decretos progresistas impulsados por el Gobierno de España para resolver la incertidumbre y vulnerabilidad de los arrendatarios e inquilinos de viviendas privadas, especialmente en lo que hace a los grandes tenedores de vivienda, además de encrespar más la indignación social, ha abierto un período de mayor incertidumbre institucional, dada la alianza de Junts con el resto de la derecha en este rechazo, traicionando su inicial apoyo al más urgente de estos dos decretos.




