Ni las sonrisas forzadas, ni la negación de lo evidente, ni el burdo intento de extender la duda de la sospecha al conjunto de la clase política, liberan a Barcina y a los gestores y políticos responsables de la crisis de Caja Navarra de sus responsabilidades.
La instrucción judicial sigue su curso. Y, junto a ella, la clara sentencia social hacia una forma de gestionar la política navarra que parece llegar a su fin. Frente a ello no caben parches ni huidas hacia adelante. Barcina es la primera que debe asumir sus responsabilidades. Y la sociedad navarra, y junto a ella también el PSN, reflexionar serena y profundamente sobre qué rumbo tomar en unos momentos sociales y económicos tan complejos.