El fallo del tribunal navarro que ha juzgado al grupo conocido como "La Manada", ha causado gran controversia y contestación social. La calificación de "abusos sexales" y no de "agresión sexual" a lo ocurrido en los sanfermines de 2016 con una joven madrileña, así como el voto particular de uno de los tres magistrados que solicitaba la absolución para los acusados, ha supuesto una sacudida social, política y judicial de gran calado.
Las acusaciones particulares (incluida la del Ayuntamiento de Pamplona) y la fiscalía han anunciado su intención de recurrir el controvertido fallo. Desde el punto de vista social, la disyuntiva más polémica que plantea el fallo es la de que si una víctima no muestra resistencia, no se considere que exista agresión sexual, pero en caso de hacerlo puede poner su vida en riesgo.
Junto a la contestación social, expresada en la calle en forma de importantísimas manifestaciones de rechazo al fallo judicial, el poder político parece dispuesto a modificar la leyes, con lo que también se reabrre la polémica sobre lo que viene en llamarse "legislar en caliente".
Siendo lógicas las alarmas producidas, no está de más recordar que quedan instancias judiciales para revisar el polémico fallo y que. pese a todo, el estado de derecho y la división de poderes, siguen siendo la mejor garantía de un correcto funcionamiento democrático.
