La secesión catalana constituye el mayor desafío democrático español desde el intento fallido de golpe de estado del 23 F. La huida hacia adelante de un fuerte entramado nacionalista conformado a lo largo de los últimos años, unido a la torpeza con que el gobierno del Partido Popular ha gestionado este desafío soberanista, ha desembocado en una ruptura total que, mucho más allá del orden institucional y político, afecta a la sociedad catalana en todas sus esferas. Y, de rebote, pone en jaque el orden democrático del conjunto de España.
La lamentable jornada que se vivió el 1 de octubre pasado, con la votación más irregular conocida en nuestra democracia, la imprevisión y controvertidas órdenes de cómo actuar que se dio a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, la deslealtad de muchos mandos de la policía autonómica al estado de derecho, el acoso y agresiones de corte fascista y xenófobas del entramado más radical del separatismo hacia la policía nacional y la guardia civil, la reacción democrática ciudadana contra el independentismo, el traslado masivo del domicilio social de las principales empresas catalanas fuera de su Comunidad, el irrespirable ambiente antiespañol creado por los medios de comunicación públicos catalanes, y el anuncio de comparecencia en el Parlament de Puigdemont para anunciar hoy mismo la llamada Declaración Unilateral de Independencia (DUI), abocan a un inevitable conflicto de imprevisibles consecuencias.
