La portavoz del grupo municipal socialista, Maite Esporrín, ha presentado este viernes en rueda de prensa (ver video) una batería de propuestas para la reconstrucción social y económica de Pamplona ante la crisis del Covid-19 para consensuar con todos los grupos políticos. En tal sentido, ha lamentado que Maya haya optado por la vía unilateral, apelando al “diálogo para alcanzar amplios consensos de ciudad para responder con unidad ante esta crisis”.
Las iniciativas que han planteado los socialistas, como respuesta a aspectos no contemplados en el plan de choque unilateral del equipo de gobierno, comienzan aportando 200.000 euros a empleo social para emplear a personas en situación de vulnerabilidad. Le sigue una propuesta de 800.000 euros para potenciar el comercio local mediante bonos para el comercio y la hostelería. También crean una nueva partida de 200.000 euros para vivienda, un tema no contemplado por el alcalde Maya, de los que 100.000 se dedicarían a ayudas para el alquiler de familias en exclusión social, y la misma cantidad para rehabilitación de vivienda municipal destinada a emergencia social. En cultura, los socialistas han propuesto 100.000 euros para ampliar la convocatoria de subvenciones y compensar sus pérdidas. Además desde el PSN solicitan “ejecutar los proyectos de Sarasate, Cortes de Navarra, Labrit y avenida del Ejército con los 500.000€ previstos por el gobierno municipal, ya que son proyectos que han conseguido el consenso unánime de la Junta de Movilidad”.
Esporrín ha reiterado su apoyo a “los gastos municipales ya comprometidos, entre los que se encuentran inversiones en materia de seguridad social, servicios informáticos de Animsa, pago del grado de los funcionarios o la amortización de deuda”, y solicita “completar la financiación necesaria para la convocatoria anual de subvenciones para la rehabilitación de viviendas por valor de 1.500.000€, condicionada a la venta de suelo”. Por último, ha defendido “reforzar las medidas en favor del comercio, la hostelería y el turismo; así como los servicios sociales ante las consecuencias sociales por el Covid-19; y dar continuidad a los proyectos de movilidad que van logrando el consenso de la Junta de Movilidad”. Todo ello, en caso de lograr nueva financiación ante posible utilización de remanente de tesorería o transferencias recibidas por otras administraciones.
