Los más de 11.000€ facturados por el despacho de un hermano de la concejala Caballero, para la realización de tres informes jurídicos sobre temas municipales, han tensionado el pleno de este jueves pasado. Sin cuestionar su legalidad, los grupos de la oposición han criticado "una decisión poco ética" en palabras de nuestra portavoz, Maite Esporrín, por ser "una contratación directa, sin competencia y para unos informes que podrían haber elaborado los servicios jurídicos del Ayuntamiento". Como todo respuesta, la regionalista Ana Elizalde se ha dedicado a citar casos de comportamientos irregulares ajenos a Navarra Suma. Antes, el pleno ha aprobado -con la oposición de EH Bildu y Geroa Bai- una propuesta socialista en favor de la abolición de la prostitución. La socialista Silvia Velásquez ha explicado sus conexiones con la trata de personas, como argumento clave que sumar a otros que aconsejan esta medida, instando al Gobierno de España "a tramitar una ley en tal sentido". Los grupos de la oposición sí se han puesto de acuerdo en la necesidad de mantener el actual protocolo municipal que visibiliza las agresiones machistas en nuestra ciudad. Por contra, nuestro grupo no ha apoyado una declaración de Geroa Bai para subrogar a los antiguos equipos preventivos.
Sí que se ha aprobado por unanimidad un plan de 2,8 millones de euros en apoyo al comercio, financiado con 1,9 millones de los fondos europeos y un crédito para cubrir la diferencia. También se han aprobado definitivamente tanto el reparto de terrenos de Azpilagaña Sur (en los que está previsto que UGT y CCOO instalen sus nuevas oficinas), como la prolongación de la calle Amaya hasta la calle Monjardín a través de parte de los terrenos del antiguo colegio de las Misioneras.
(Foto Diario de Navarra)
