La división de poderes es un pilar básico en cualquier estado libre y de derecho. El juicio del llamado "procés" a los líderes independentistas que intentaron romper la legalidad democrática en Cataluña, es un buen ejemplo de ello. Al margen de la acción política e institucional, la justicia tiene sus tiempos y sus medios -muy garantistas en el caso de España- para juzgar la vulneración de la ley. En este contexto, el Tribunal Supremo ha dictado su fallo por el que, frente a las distintas peticiones de la fiscalía, acusación particular y defensas -que solicitaban desde la condena por rebelión hasta la libre absolución de las personas procesadas-, condena finalmente por sedición y malversación de fondos y penas de entre 13 y 9 años a los principales líderes del "procés".
El Gobierno de España, a través de una comparecencia institucional de Pedro Sánchez, ha mostrado su reconocimiento a la labor judicial y su acatamiento del fallo, criticando lo que ha denominado "naufragio" del independentismo catalán al actuar al margen del Estatut y de la Constitución. Pedro Sánchez ha recordado que el gobierno "velará por el cumplimiento de la ley" y, tras manifestar que hoy comienza una nueva etapa, ha abogado por la reconciliación en Cataluña y "el diálogo dentro de Constitución".
Frente a quienes han querido hacer lecturas políticas interesadas también de la acción judicial, cabe destacar la mesura, contención y respeto a la misma que el gobierno y el Partido Socialista vienen manteniendo en todo momento. Cuesta comprender el empecinamiento del independentismo catalán en seguir anclado en la no observancia a las reglas democráticas y pensar que subvertir la democracia y fracturar a la sociedad catalana le saldría gratis. E igualmente abochornan algunas reacciones y declaraciones pasadas y presentes de la derecha sobre los términos en que debiera expresarse el fallo del Supremo o criticando la labor del Gobierno de España en este proceso.
